Ante las próximas elecciones municipales y autonómicas, ADICAE analiza algunos programas electorales disponibles antes del cierre de esta edición de LA ECONOMÍA DE LOS CONSUMIDORES. La conclusión no es muy optimista: las propuestas políticas para fomentar los derechos de los consumidores se mueven entre el marketing electoral y la escasa imaginación

Favorecer la transparencia y el control de las empresas debería ser un objetivo prioritario de todos los programas, pues es primordial evitar la indefensión de los consumidores, algo a lo que, lamentablemente se enfrentan continuamente, especialmente en el sector de los servicios financieros.

Para el Partido Popular, las Asociaciones de consumidores no cuentan en este importante reto. Prefiere establecer un marco de cooperación estable con las universidades para promover la formación de técnicos en consumo. Es decir, mucha tecnocracia y poca participación. Al PSOE, también se le olvida la participación y prefiere apostar por la burocratización cuando pretende crear consejos locales de consumo. Ya existen a nivel regional, con nula efectividad. Lo que hay que hacer es Consejos de Consumidores independientes de los poderes públicos, para poder garantizar verdaderamente la defensa de sus intereses sin la presión de lobbys privados. También Izquierda Unida apuesta por la burocracia: pretende crear una Secretaría de Estado de Consumo, una Agencia de Defensa del Consumidor; si bien apuesta por un Consejo de Consumidores y Usuarios independiente y representativo. Esa independencia es una aspiración tradicional, pero el actual nivel de fragmentación asociacionista lo impide. Creemos positiva esta apuesta pero hay que empezar la casa por sus cimientos.

Nula "potenciación del asociacionismo"

En este ámbito, los programas políticos, no ponen coto a la proliferación de asociaciones "fantasma" inoperantes (más allá de tratar de captar subvenciones), no se favorece su independencia ni se les incorpora como agentes activos y valiosos en cualquier política de consumo digna de tal nombre.

El Partido Popular nada dice sobre la necesidad de fomentar el movimiento consumerista. El PSOE habla de un “incremento de la cooperación con las asociaciones de consumidores”. No especifica nada más, pero mucho nos tememos que este incremento no se traduzca en la primera de las medidas necesarias: acabar con la fragmentación asociativa. En el mismo sentido de inconcreción se sitúa Izquierda Unida ya que habla de “potenciar el asociacionismo de los consumidores”. Es evidente que los programas marco electorales se limitan a trazar unas líneas generales de actuación, pero ni PSOE ni IU, se han puesto en contacto con las asociaciones de consumidores más representativas para escuchar nuestras propuestas.

 

Propuestas tópicas sobre solución de conflictos

Nada original y siguen repitiendo “despistes” anteriores: se olvidan del fomento del arbitraje de consumo en el ámbito financiero de las cajas de ahorros. El PP propone la creación de un Consejo para la unidad de mercado, compuesto por el Estado y las CCAA para solucionar conflictos, atender demandas de consumidores y denunciar los casos de malas prácticas... pero se olvida de la participación de los consumidores a través de sus asociaciones. El PSOE e IU se aferran a tópicos y demuestran poca imaginación: “Impulso y potenciación del arbitraje de consumo”, dice el PSOE; e IU se limita a recordarnos cómo funciona el sistema arbitral de consumo... una vez más esto constituye un ejemplo de la gran brecha comunicativa que existe entre los grandes partidos y la sociedad organizada.

"Es necesario que las formaciones políticas
se relacionen más con las asociaciones
de consumidores para escuchar propuestas"

Abusan del recurso a las medidas de información

No abordan el objetivo de una educación integral del consumidor. Se centran en demasía sobre un aspecto como es el del consumo responsable, confundido en alguna ocasión con el problema del sobreendeudamiento, cuando la responsabilidad no es sólo del consumidor, sino del sistema en el que está inserto. “Consumo responsable” es un término de moda, pero con muchas aristas.

El PP pretende “consolidar la red de puntos de Información al consumidor”. El PSOE habla de implantar “la pedagogía del consumo responsable, establecimiento de programas de formación para asociaciones de consumidores y entidades similares, así como programas de formación para ciudadanos” . Quizá la propuesta más interesante sea la de IU que propone una educación en materia de consumo a través de la escuela y la televisión pública. No obstante, es preocupante que se pretenda que la información resulte el único asidero para el consumidor. Quizá porque así se individualiza su responsabilidad: “tú te lo has buscado... si no te has enterado” parecen sugerirnos. Pero la información es una vía más, no la única... salvo que se pretenda huir de responsabilidades públicas y de otros mecanismos más eficaces como la participación directa.

Silencio casi total sobre los servicios financieros

Silencio clamoroso en el caso de las Cajas de Ahorros. Las escasas propuestas existentes proponen la profundización de su aspecto empresarial sin concretar propuesta alguna sobre su carácter social y sobre la necesaria democratización real con representantes de los impositores genuinamente independientes.

La única propuesta interesante en materia financiera proviene de Izquierda Unida que pretende “promover una Ley para proteger a las familias sobreendeudadas, mejorando la información y mediando a través de un sistema de arbitraje”. Una propuesta interesante, que revela cierto seguimiento de las reivindicaciones de las Asociaciones de consumidores, pero que se equivoca en varios aspectos: ni las comunidades son competentes en materia procesal (lo es el Estado); ni el arbitraje es la solución, ya que su acceso a él es voluntario para ambas partes. Es necesaria una reforma judicial, una “suspensión de pagos” familiar con intervención judicial que imponga una rebaja en la deuda al acreedor.

 

Disparidad en los programas nacionalistas para los próximos comicios

Los partidos nacionalistas, como Convergencia i Unió (CIU) o EAJ-PNV, también se dedican a hablar de un modo excesivamente genérico, sin profundizar en problemas reales y medidas concretas. Aunque sí prestan atención a la vivienda, una cuestión que preocupa a los ciudadanos y por tanto puede garantizarles más votos, pero se quedan en cuestiones vagas como facilitar el acceso a la misma o ajustar los precios… medidas que ya se han oído antes pero que nadie ha llegado a poner en marcha realmente

Otro de los partidos nacionalistas, la Chunta Aragonesista (CHA) se atreve a entrar un poco más en los problemas de los consumidores y llega a apostar por una protección específica ante los servicios financieros (de hecho es la única formación que hace mención expresa a esto); aunque a pesar de ello no profundiza ni ofrece medidas concretas. Tampoco habla de la necesaria reforma en el sistema de participación de los impositores en las cajas de ahorros, por lo que estamos ante un buen punto de partida pero a todas luces insuficiente.

El BNG, por su parte, ha mostrado interés en la defensa de los consumidores, y ha mostrado como una de sus prioridades la colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios (de hecho, se ha puesto en contacto con asociaciones para conocer sus inquietudes), aunque vuelve a caer en generalidades. Tiene como proyecto fomentar el movimiento asociativo de los consumidores, lo que es destacable, pero no ofrece medidas concretas para lograrlo. También apuesta por la formación para un consumo responsable y la creación de una conciencia del consumidor.

Parece por tanto, como decíamos, que no es este aspecto de la política una prioridad para quienes aspiran al poder. Pero deberían recordar que los ciudadanos (o votantes si lo prefieren) somos, antes que nada, consumidores, y habría que ofrecer iniciativas efectivas y concretas que de verdad supusieran un cambio y una demostración de la existencia de un interés real por su protección. Otra oportunidad perdida.

Propuestas ADICAE, para una política de consumo eficaz y que cuente con los consumidores

* Aclarar y delimitar las funciones entre OMIC y Asociaciones de Consumidores * Acabar definitivamente con la atomización asociativa * Reforzar y coordinar el papel de los registros de asociaciones de consumidores autonómicos como garantía que evite fraudes y no sea fuente de dispersión * Potenciar el papel de los Consejos de Consumidores, dotándolo de mayores medios y una implicación más profunda en el diseño y seguimiento de la política legislativa en materia de consumo * Establecer una política de transparencia y fomento de la participación de los impositores en las Cajas de Ahorros. * En especial, establecer una ofensiva institucional para implantar el arbitraje de consumo entre las Cajas de Ahorros

* Profundizar en los derechos de transparencia con la clientela en las cajas de ahorros, tal y como permite a nivel autonómico la Ley de Intervención y Disciplina de las Entidades de Crédito * Establecer vínculos de colaboración más estrechos entre Asociaciones de Consumidores y administraciones locales y autonómicas sobre control de mercado: campañas conjuntas de información, análisis de contratos, participación en el reparto de las multas por sanciones, en cuya infracción haya sido denunciada, y proseguida su instrucción por una Asociación de Consumidores, etc * Emitir programas en los medios de comunicación regionales públicos que presten atención a los problemas de los consumidores, a través de las Asociaciones más representativas.