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AHORRO-INVERSIÓN17/10/2018

El impuesto a las transacciones financieras no debe llegar al consumidor

ADICAE cree que este avance para regular el sistema financiero no debe afectar a los pequeños accionistas y se queda algo corto puesto que no afecta ni a los fondos buitre ni las operaciones con derivados.

El impuesto a las transacciones financieras que se propone en los Presupuestos Generales del Estado consistente en gravar el 0,2% de la compraventa de acciones de las grandes empresas no debe llegar a los pequeños ahorradores.

A falta de información más detallada, el impuesto grava por igual todas las operaciones de compra de acciones de las 36 empresas cotizadas, sean grandes operaciones especulativas realizadas por fondos de inversión o las pequeñas realizadas por un consumidor de a pie.

ADICAE cree que el impuesto debe estar orientado realmente a frenar estos movimientos especulativos a corto plazo, mitigar la evasión fiscal y estabilizar los mercados, y para ello debe gravar únicamente a los grandes capitales sin perjudicar a los pequeños ahorradores. Por ello la asociación considera un error gravar solo las operaciones sobre acciones emitidas en España y haber dejado sin impuesto a las operaciones con derivados y los fondos buitre.

Según se desprende del texto acordado es el operador financiero el que pagaría el impuesto y no el accionista, por lo que es de vital importancia evitar que finalmente la tasa se repercuta al consumidor, especialmente en las grandes operaciones de fondos de inversión y de pensiones, donde se mueven volúmenes muy relevantes de dinero.

En este sentido ADICAE exigirá a los supervisores financieros, tanto la CNMV como el Banco de España, que no se queden con los brazos cruzados y cumplan con su papel de protección de los consumidores. Deben vigilar de cerca a las entidades financieras y su aumento de las comisiones y de los precios por los servicios prestados.

Es más necesario que nunca acabar con la arbitrariedad de los grandes bancos en el cobro de comisiones, que ha disparado los beneficios de la banca en un contexto de tipos bajos y continuos varapalos judiciales hasta los 20.000 millones anuales. Un auténtico agujero legal que permite a la banca chantajear al Gobierno y amedrentar a los usuarios.

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