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Nota de prensa
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07/06/2019
Dos años de la compra del Popular: el retraso en el procedimiento pone en peligro hacer justicia
ADICAE considera que en estos dos años pocos han sido los avances para la clarificación de lo ocurrido donde ni siquiera se ha empezado a tomar declaración a los imputados y cuanto más tiempo pase más difícil será darle una solución razonable a los 300.000 afectados.
La asociación cree que al margen de la acusación de estafa a inversores, entre otros, el caso del Popular demuestra los deficits y desenfoques del sistema europeo de resolución de entidades y las dificultades de la Justicia para dar respuesta eficaz a fraudes masivos.
La lentitud en el proceso de instrucción es manifiesto, por culpa de una legislación procesal antigua que no ha ofrecido soluciones a los grandes fraudes masivos en España como Forum y Afinsa, y esto perjudica claramente a los afectados a la hora del resarcimiento y hacer justicia.
ADICAE, acusación particular de 934 socios afectados, se querelló en 2017 contra el Banco Popular (que hoy ya no existe) y todos los miembros del consejo de administración, tanto del periodo de Angel Ron como de Emilio Saracho, incluyendo a ambos. La asociación sigue recibiendo adhesiones de consumidores afectados para sumarse a ésta y otras vías iniciadas en el caso.
En la querella se imputaban los siguientes delitos: estafa a inversores, delito societario de falsedad de cuentas, delito contra el mercado de valores, administración desleal, información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.
ADICAE considera que han sido muchos los obstáculos procesales que han atrasado el procedimiento y no han permitido el normal funcionamiento de la instrucción que se hace prever todavía más larga.
Entre ellos destacan los numerosos recursos presentados por las defensas (traslados a partes, múltiples escritos y resoluciones meramente procesales) que no han dejado entrar en el fondo de la cuestión. Las defensas de los acusados han aprovechado la división en dos piezas (fuga de depósitos y ampliación de capital) para recurrir la personación de los perjudicados en ambas.
El cambio de magistrado encargado de la instrucción, el juez Calama sustituyó a Andreu, y el gran número de acusaciones personadas, hasta 104, han retrasado todavía más el asunto. Este último punto obligó al magistrado a reducir el número de acusaciones a diez, donde se encuentra ADICAE por su representatividad dentro del procedimiento.
ADICAE no puede olvidar que la caída del Popular ha tenido su vertiente europea. La entidad se convirtió en el ‘conejillo de indias’ de la JUR al ser la primera entidad intervenida y vendida a Banco Santander por el simbólico e irrisorio precio de un euro. La asociación fue una de las primeras en cuestionar las decisiones por usar al Banco Popular y abandonar a los pequeños ahorradores lo que motivó la primera demanda ante el TJUE contra la Junta Única de Resolución.
Además en estos dos años, ADICAE ha presentado las alegaciones en defensa de los miles de perjudicados demostrando que el comunicado de la JUR en el que justifica la decisión de no compensar a los afectados se basa en unos escenarios e informaciones del informe de Deloitte que son meramente estimativos y especulativos y ni siquiera hacen referencia a la cantidad necesaria de liquidez que se ha tenido que suministrar al banco tras la resolución.
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