Las declaraciones de insolvencia por parte de personas físicas representaron un 14 % de los procedimientos concursales abiertos durante los tres primeros meses del año.

La actual situación económica ha hecho aumentar las declaraciones de insolvencia en las familias, que se han visto obligadas a recurrir a este procedimiento cómo única salida a su situación.

A falta de regulación eficaz sobre estas situaciones de sobreendeudamiento, las familias han recurrido al Concurso con el objeto de paralizar los pagos ya que las deudas quedan en suspenso.

Este procedimiento no impide el pago final de las deudas aunque conlleva, normaLmente, una renegociación de estas, en la mayoría de los casos concluyen con convenios anticipados con los acreedores.

La ley concursal del 2003, sin embargo, no supone una solución real al problema de las familias sobre todo por los costes de honorarios para abogados, procuradores y administradores que este procedimiento supone y por la larga duración del procedimiento.