Los objetivos de la Semana Nacional de Protesta por el cierre de Opening-Aidea y otras academias son:

1. Mostrar a la opinión pública que el caso Opening/Aidea y otros que se han abierto recientemente como Brighton, Wall Street, Oxford, etc., sigue vivo y sangrante para decenas de miles de alumnos que no han obtenido hasta el momento ninguna solución satisfactoria a su problema.
2. El reconocimiento de la vinculación de los contratos de enseñanza y financiación y del derecho a no pagar por un servicio que no se recibe.
3. De inmediato, el cese de los cobros de los créditos y de la intimidación a los alumnos que ejercen su legítimo derecho a no pagar y el establecimiento de una moratoria en los cobros por parte de todas las entidades financieras y de un compromiso público y formal de no inscribir a los alumnos de Opening en registros de morosos. En caso contrario se iniciaría una acción de boicot a los bancos y financieras que lleven a cabo actuaciones de intimidación y presión, como hacen ya Finanzia (del BBVA) y Eurocrédito (del Banco Paribas).
4. Solución inmediata de los problemas de los alumnos, rechazando la imposición de una solución exclusivamente judicial del problema.
5. Rechazar igualmente toda salida al conflicto pactada a espaldas de los afectados, sin cuyo concurso y aceptación es imposible dar por cerrado el caso. Denunciamos los intentos que se vienen produciendo de cerrar el caso mediante pactos indignos y “secretos” de reubicación de los alumnos por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo y de diversos Gobiernos autonómicos.
6. Que se inicien los procedimientos pertinentes por parte del Ministerio Fiscal para la exigencia de responsabilidades penales y el esclarecimiento del fraude, de forma que se consiga el resarcimiento económico de los miles de alumnos que pagaron todo el curso por anticipado y el castigo de los culpables.

Los cerca de 100.000 alumnos perjudicados por el cierre de las academias Opening/Aidea, Brighton, Wall Street, Oxford, etc. de toda España, agrupados en su Coordinadora Estatal, legítima representante de sus intereses, y movilizados para hacer valer sus derechos frente al fraude del que han sido víctimas, manifiestan que, a pesar de los intentos de los bancos, cajas y de determinadas autoridades públicas de acallar el caso, éste sigue vivo, carente de soluciones y causando perjuicios a los afectados. Que lo sepan todos: actuamos ahora y actuaremos en lo sucesivo unidos, no divididos, hablando con una sola y legítima voz, reivindicando sin ambages nuestra condición de interlocutores imprescindibles, como protagonistas esenciales y beneficiarios prioritarios que debemos ser en toda solución que se encuentre a este problema.

Exigimos a los bancos, que pretenden cínicamente seguir expoliando a los alumnos negando toda vinculación con Opening, que reconozcan la vinculación de los contratos de enseñanza y financiación, y que, en un primer paso, decreten una moratoria en la exigencia del pago a los alumnos que todavía tienen créditos pendientes, cesando toda actividad intimidatoria y absteniéndose de inscribir a cualquiera de los afectados en los registros de morosos. A este respecto, también instamos a la Agencia de Protección de Datos y al Ministerio de Economía a que impidan la aplicación de las medidas frente a la morosidad a los afectados de Opening, pues éstas no pueden ser ejercidas legítimamente contra quienes no son realmente morosos, sino personas de total solvencia económica y honradez de conducta que, simplemente, han sido víctimas de un fraude.

También exigimos que desde el Gobierno que se emprendan los procesos penales correspondientes a la magnitud del fraude. No obstante, rechazamos los intentos de “judicializar” el caso Opening como única solución del problema, buscando con ello la división, la dispersión y, en la mayoría de los casos, la renuncia, de los afectados. El caso Opening-Aidea no es un problema mercantil al uso, y sus consecuencias afectan a miles de personas que no están en disposición personal ni económica de encaminar su problema asumiendo la espera, los costes y las incertidumbres de los procedimientos judiciales. Buscamos, pues, una solución extrajudicial para todos, sin perjuicio de las acciones judiciales colectivas (en todo caso gratuitas, al amparo de los derechos que la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios) que se puedan emprender para, de forma accesoria, coadyuvar a una solución, aunque muy de futuro, para los alumnos que no acepten los “trágalas” o la renuncia definitiva a sus derechos.

Declaramos también nuestro rechazo a cualquier solución al problema que se negocie o pacte de espaldas a los afectados, tal y como sucedió en el pasado por parte de la Ministra de Sanidad y Consumo, al anunciar una supuesta solución al caso, acordada con los bancos y con determinadas academias sin contar con los afectados y que, a continuación, resultó totalmente inaplicable. Entendemos que este acuerdo, así como todos los que se negocien al margen de los alumnos, sólo tienen como objetivo asegurar que los bancos sigan cobrando el dinero de los alumnos al tiempo que se acalla la vigencia del problema. Denunciamos, por ello, el comportamiento errático y tibio de las Administraciones públicas en su actuación, por un lado, buscando soluciones ambiguas, que insisten en que los alumnos continúen pagando aunque no haya ni razones ni ventajas para ellos, en las que no se reconoce la vinculación de los contratos, como sí se hace desde toda la sociedad española y todos los ámbitos jurídicos española, y apostando por fórmulas de vía muerta para un caso como este, como el arbitraje y las reclamaciones administrativas de consumo; por otro, empujando la judicialización del caso, aunque sin promover la investigación de los numerosos indicios de fraude que existen en el cierre de Opening ni sobre sus responsables del mismo para obtener su castigo y la intervención en su patrimonio que sirva para resarcir económicamente a los afectados.

Proclamamos nuestra determinación a permanecer unidos y a reforzar nuestra unidad y cohesión, contestando a los bancos, requiriendo la actuación clara y eficaz de los poderes públicos para resarcir a los afectados y aportar soluciones reales y aplicables al problema y, mientras éste dure, a mantenerlo vigente a los ojos de todos.