El resultado de las investigaciones realizadas por la juez de instrucción Coro Monreal Huerta confirma las tesis de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE al solicitar -en su querella ejerciendo la acción popular- la responsabilidad civil subsidiaria de las entidades financieras donde se encontraban depositadas las cantidades adelantadas por más de 1.200 familias a CPV desde 1998 para adquirir su vivienda en los nuevos barrios de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo. Las familias afectadas por el investigado fraude de CPV entregaron a la promotora 30 millones de euros de los que sólo han aparecido en 15 entidades de crédito 30.000 euros, que se corresponden al 0,1% del dinero depositado por los afectados.

En la querella presentada por ADICAE se solicitó al juez la consideración de las entidades bancarias como responsables civiles subsidiarios por la utilización que hicieron los imputados del dinero depositado en las cuentas finalistas y que no se destinó a la adquisición de terrenos ni a la construcción de viviendas. Esta petición de responsabilidad civil subsidiaria se fundamenta en el Art. 1º de la Ley de Ordenación de la Edificación, que insta a las entidades bancarias, bajo su responsabilidad, a exigir garantías de que el capital depositado se destina a la construcción de viviendas. Desde ADICAE se considera que estos bancos y cajas deben aportar suficiente información sobre los movimientos de las cuentas finalistas con el objeto de averiguar el destino final del dinero aportado.

El equipo jurídico de ADICAE, dirigido por el abogado Francisco Buitrago Sauco, acusa a los cuatro responsables de CPV de los delitos de estafa y apropiación indebida, solicitando en su escrito la responsabilidad civil de los administradores, así como la personación del Abogado del Estado.

En la querella presentada se considera que la Dirección General de Seguros, organismo dependiente del Ministerio de Economía, también es responsable civil subsidiario de las relaciones entre CPV y la financiera italiana que actuó como avalista de la promotora, Europa Cauzione. La Ley 57/68 de 27 de julio de Ordenación de la Edificación obliga al promotor a suscribir un seguro de Afianzamiento de Cantidades Anticipadas con el objeto de garantizar a los compradores la devolución del dinero adelantado para la compra de la vivienda, si la construcción de ésta no se lleva a cabo.

ADICAE cuestiona que la Dirección General de Seguros haya cumplido con diligencia su función de vigilar a la compañía aseguradora Europa Cauzione, pues ésta ha operado en España sin ningún control aparente y causando un grave daño a los “supuestamente asegurados”.