El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado hoy un informe en el que analiza la contratación por parte de las distintas Administraciones Públicas de los servicios de telecomunicaciones en un marco de libre competencia, y recomienda seguir determinadas pautas en este proceso, a modo de “buenas prácticas”.

El informe, que se emite al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha sido elaborado por la CMT por iniciativa propia, de acuerdo con las funciones asesoras que la legislación vigente le atribuye. Se pretende que sirva de utilidad para las diferentes Administraciones Públicas, y también para los operadores y demás agentes del sector, con el propósito de asegurar que la actividad contractual de estas Administraciones relativa a los servicios de telecomunicaciones se desarrolla con respeto a las exigencias de competencia.

Para adoptar esta iniciativa se tomó en consideración el hecho de que, en la demanda de servicios de telecomunicaciones, las Administraciones Públicas constituyen un tipo de cliente corporativo que absorbe un importante volumen de consumo, circunstancia que pone de relieve la trascendencia que tiene asegurar que se garanticen las condiciones de competencia en el mercado en la contratación de estos servicios.

Además, la contratación de los servicios de telecomunicaciones por la Administración está experimentando cierto impulso, motivado por las ventajas de la liberalización y por el objetivo que tienen las Administraciones Públicas de dotarse de los servicios de la Sociedad de la Información.

Según el Informe REINA (elaborado por el Consejo Superior de Informática sobre tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración del Estado), el gasto total de la Administración Central del Estado en telecomunicaciones en el año 2000 fue de 189 millones de euros, cifra que en 2001 ascendió a 226 millones de euros.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local, el Informe IRIA (también del Consejo Superior de Informática para Administraciones autonómicas y locales), ha cifrado el gasto agregado de los servicios de telecomunicaciones e informática durante 2001 en 479 millones de euros para la Administración Autonómica y en 363 millones para la Administración Local.

En este contexto, la CMT ha decidido estudiar las implicaciones del proceso y proponer una serie de recomendaciones para evitar que se lesionen las condiciones de competencia. Por ello ha sido útil la experiencia obtenida por la CMT a lo largo del año 2002, año en el que la Comisión ha intervenido, en el ejercicio de sus funciones, en diversos supuestos relativos a la contratación de servicios y equipos de telecomunicaciones por parte de las Administraciones Públicas que se le habían planteado bien por vía de consulta, bien a raíz de una denuncia, y en los que surgían una serie de cuestiones que podían afectar a la salvaguarda de las condiciones de competencia en el mercado.

Tras analizar la importancia que tienen las Administraciones como clientes de los servicios de telecomunicaciones, y tras recoger, a modo de ejemplo, algunos de los supuestos en que ha tenido lugar la intervención de la CMT, el informe sistematiza los problemas detectados en relación con la materia en función de los diferentes aspectos que intervienen en la contratación administrativa.

Se analizan, así, problemas relacionados con el régimen jurídico del contrato, con el tipo de contrato, con el ámbito de la licitación, con el procedimiento y forma de adjudicación, con los criterios de valoración de las ofertas, con las condiciones técnicas del pliego, con el régimen de precios del contrato, o con su duración.

A la vista de los problemas detectados, el informe aporta unas recomendaciones generales a modo de relación de "buenas prácticas". Se valora como prioritario el respeto a los principios de igualdad y no discriminación entre operadores, lo que implica seguir procedimientos públicos para la contratación de los servicios de telecomunicaciones, que permiten recibir las ofertas que realicen los distintos operadores del mercado.

Por ello, se considera inadmisible, a la luz de la normativa de telecomunicaciones vigente, que se proceda a prorrogar los contratos que fueron celebrados con Telefónica antes de la liberalización, pues implica diferir en el tiempo su licitación en condiciones de concurrencia. En particular, se estima que la celebración de un concurso por el procedimiento abierto es la solución más apropiada para asegurar el respeto a los principios de igualdad y no discriminación.

Se destaca, además, que el respeto a estas recomendaciones interesa también a las propias Administraciones Públicas contratantes de los servicios, pues les permite obtener del mercado las mejores ofertas que se adecuen a sus necesidades.