Más de 175.000 alumnos de enseñanzas no regladas de inglés, según los datos disponibles en la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE, se enfrentan en la actualidad a los graves problemas surgidos a raíz de la crisis de las academias de idiomas, que comenzó con el cierre de los centros de Opening, y en un efecto dominó produjo la clausura de las academias Brighton, Oxford English, Cambridge English School y, recientemente, Wall Street Institute. Frente a esta situación de desprotección, sólo 10.000 alumnos afectados han iniciado, la mayoría bajo la cobertura jurídica de asociaciones de usuarios como ADICAE, actuaciones judiciales para hacer frente a las presiones de las entidades financieras que les exigen el pago de las cuotas por unos créditos vinculados a un servicio de enseñanza que no están recibiendo.

Ante esta situación de indefensión que soportan más de 160.000 alumnos, los bancos y cajas de ahorros involucrados en la contratación de préstamos a través de las academias ahora cerradas están presionando a los alumnos con su inclusión en los registros de morosos y con el envío de cartas intimidando a los afectados con el inicio de demandas judiciales por reclamación de cantidad. Por temor a estas amenazas, un elevado número de afectados está pagando de forma indebida a las entidades financieras, al ignorar los mecanismos jurídicos de defensa que ponen a su disposición las asociaciones de consumidores. Más de 160.000 afectados, con una deuda media de 600 Euros, continúan pagando por miedo a las presiones de los bancos y cajas de ahorros las cuotas de un crédito por una enseñanza que no han recibido y que no van a recibir, agravando de esta forma el escándalo producido por el cierre de las academias de idiomas

Desde ADICAE se han tramitado ante la Agencia de Protección de Datos más de un centenar de reclamaciones debido a la inclusión en los registros de morosos de alumnos afectados por el cierre de Opening y Oxford. Las entidades financieras -BSCH y BBVA entre otras- han incorporado los datos de los alumnos a los ficheros Asnef-Equifax y Experian alegando el incumplimiento de obligaciones dinerarias, a pesar de estar abierto un procedimiento judicial que deberá decidir sobre la exigibilidad de unos créditos vinculados a una enseñanza que los afectados no están recibiendo.

Por otro lado, el Banco de España tampoco ha reaccionado como cabría esperar del organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para garantizar la adecuada protección de los consumidores bancarios y como garante del correcto funcionamiento del sistema financiero y crediticio español.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PROPUESTA DE SOLUCIONES

ADICAE, con el objeto de proteger los intereses de los consumidores y ante la errática actuación de las Administraciones Públicas, se ha dirigido a los Ministerios de Economía y de Sanidad y Consumo y a los responsables de las diferentes Consejerías de las Comunidades Autónomas para lograr la implicación efectiva de las autoridades del Gobierno central y autonómico en la búsqueda de una solución a un problema que afecta a miles de familias españolas.

Más de 105 millones de Euros que cerca de 200.000 familias españolas han destinado de sus ahorros para aprender un idioma, no pueden quedar sólo en manos de las resoluciones de los Tribunales de Justicia –que han comenzado a dar la razón a los afectados en las diferentes demandas individuales y colectivas tramitadas- sino que también exigen una participación más activa por parte del Gobierno y de las Comunidades Autónomas en la búsqueda de una solución al mayor problema de consumo ocurrido en España en los últimos años. Más de 291 centros de idiomas cerrados en menos de un año y 3.000 academias “bajo sospecha” de viabilidad por la cascada de cierres producidos a raíz del caso Opening, han supuesto un riesgo más que evidente para los 600.000 alumnos que se encuentran matriculados en academias de enseñanza no reglada, y que exige la adopción de medidas eficaces para recuperar la confianza de los ciudadanos en las academias de idiomas y de otras enseñanzas.

Ante este oscuro panorama, ADICAE está trabajando intensamente desde el inicio del conflicto en la búsqueda de soluciones a la inadecuada regulación existente. Aparte de las reformas e iniciativas legales oportunas, desde esta asociación se apuesta por nuevas fórmulas de solución que ofrezcan las suficientes garantías de futuro a los consumidores en la contratación de cursos de idiomas, con el objeto de garantizar que en caso de cierre de academias el alumnos no esté obligado a continuar pagando la financiación contratada. Para ello se han propuesto como soluciones aceptables el establecimiento de avales o garantías similares por parte de las academias para que el alumno afectado por el cierre no tenga que hacer frente al pago de las cuotas del crédito y que las Administraciones Públicas asuman un papel más activo en su obligación de garantizar no sólo la suficiente protección de los consumidores, sino también asegurar un adecuado marco de confianza y seguridad en el sector económico de las enseñanzas no regladas.

Por otro lado y con la finalidad de ahondar en la protección de los alumnos afectados, se ha convocado para celebrar el próximo sábado 5 de abril en Madrid una reunión de la Coordinadora Estatal de Afectados por el Cierre de Academias. El objeto de esta convocatoria es poner en común entre las diferentes asociaciones y colectivos de afectados los datos existentes relativos a la actuación intimidatoria de los bancos y cajas implicados en la crisis de las academias que están presionando a los alumnos con la inclusión en los registros de morosos y el inicio de demandas judiciales. Durante la reunión se analizarán de manera conjunta los numerosos procedimientos judiciales abiertos y se estudiarán las diversas sentencias ya dictadas en primera instancia.