El equipo jurídico de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE -dirigido por la abogada Laia Costa- ha presentado hoy lunes en el Decanato de los Juzgados de lo Civil de Barcelona la primera demanda colectiva contra la sociedad ND de Comunicaciones S.L. y la entidad Finanzia BBVA, que tenía suscrito en exclusiva el contrato de crédito con los casi 800 afectados por el cierre de las 18 academias que funcionaban en Barcelona, Valencia y Madrid con el nombre comercial de Oxford English.

En el escrito presentado por ADICAE como defensora de los intereses generales de los consumidores se solicita al juez que declare resueltos los contratos de prestación de servicios desde la fecha de cierre de las academias, que la empresa comunicó el pasado 15 de enero. Debido a la clausura de estos centros se dejaron de impartir los cursos de inglés a más de 15.000 alumnos que se encontraban repartidos entre Barcelona, Valencia y Madrid. También se requiere la ineficacia de los contratos de financiación por estar vinculados a los de enseñanza, sin que los alumnos estén obligados a seguir pagando los créditos a la entidad financiera demandada que no se correspondan a cursos efectivamente recibidos. El equipo jurídico de ADICAE también solicita que los bancos devuelvan a los alumnos afectados las cuotas pagadas desde el cierre de los centros de enseñanza y aquellas abonadas al banco sin haber recibido a cambio las clases de inglés.
El inicio de esta vía judicial se ha tramitado amparándose en lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil que reconoce la figura procesal de la demanda colectiva, concediendo a las Asociaciones de Usuarios la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales amparadas en el beneficio de justicia gratuita previsto en la Ley General de Consumidores.
La presentación de esta demanda responde al acuerdo del Pleno de la Coordinadora Estatal de Afectados por el Cierre de Academias reunido el 14 de diciembre del pasado año en la sede de ADICAE en Madrid donde se decidió la inmediata presentación de demandas judiciales en todas las provincias de España en las que hubiera estudiantes afectados por los cierres de Opening, Aidea, Brighton, Oxford, Cambridge y Wall Street Institute. Esta decisión se estableció en base a las recomendaciones jurídicas realizadas por la comisión de abogados de la Coordinadora Estatal que fueron acordadas en la reunión mantenida en Zaragoza el 30 de noviembre dentro de los actos de la Semana Nacional de Protesta convocada por la Coordinadora Nacional.
Más de 175.000 alumnos de enseñanzas no regladas de inglés, según datos disponibles en ADICAE, se enfrentan en la actualidad a los problemas surgidos a raíz de la más grave crisis de consumo de los últimos años en España. Ante las amenazas de los bancos y cajas de ahorros de incluir en los registros de morosos a los afectados y de tramitar demandas por reclamación de cantidad contra ellos, sólo 10.000 alumnos han iniciado actuaciones judiciales, la mayoría bajo la cobertura de Asociaciones de Consumidores como ADICAE, para hacer frente a la actuación intimidatoria de las entidades financieras.
ADICAE, FAVORABLE A SOLUCIONES EXTRAJUDICIALES
Ante el más grave escándalo de consumo en España que supone la crisis de las academias de inglés, ADICAE sigue oponiéndose a la judicialización de este conflicto para evitar que este fraude multitudinario se eternice en los tribunales sin ofrecer una solución satisfactoria a los miles de afectados. Esta asociación de consumidores respalda una solución extrajudicial al conflicto y aplaude la reciente decisión de las cajas aragonesas Ibercaja y CAI, que tras negociaciones con ADICAE, renunciaron definitivamente a reclamar los créditos pendientes de cobro a los alumnos afectados por el cierre de las academias Opening.
ADICAE está trabajando intensamente desde el inicio de este conflicto en la búsqueda de soluciones a la inadecuada regulación existente. Aparte de las reformas e iniciativas legales oportunas, desde esta asociación se apuesta por nuevas fórmulas de solución que ofrezcan las suficientes garantías de futuro a los consumidores en la contratación de cursos de idiomas, con el objeto de garantizar que en caso de cierre de academias el alumno no esté obligado a continuar pagando la financiación contratada por la academia. Para ello se han propuesto como soluciones aceptables el establecimiento de avales o garantías similares por parte de las academias para que el alumno afectado por el cierre no tenga que hacer frente al pago de las cuotas del crédito y que las Administraciones Públicas asuman un papel más activo en su obligación de garantizar no sólo la suficiente protección de los consumidores, sino también asegurar un adecuado marco de confianza y seguridad en el sector económico de las enseñanzas no regladas.