El análisis llevado a
cabo por AICAR-ADICAE ha constatado en esta ocasión
el relativo buen diagnóstico que por lo general todos los partidos
hacen sobre las causas de los altos precios de la vivienda, las dificultades
para acceder a la misma y las soluciones que corresponde aplicar. Ello
es así hasta el punto de que las diferencias, a menudo, se limitan
al grado de detalle al que unos y otros llegan al explicar sus propuestas,
más que al contenido de las mismas.
Hay aspectos de profunda coindidencia, como la creación de una
reserva de suelo, la puesta en marcha de planes supramunicipales de vivienda,
la rehabilitación de viviendas, la edificación forzosa de
solares, la agilización de los trámites para poner suficiente
suelo urbanizable a disposición de los constructores, los incentivos
a la puesta en el mercado de viviendas vacías para su venta o alquiler,
el aumento de las ratios de vivienda de protección oficial con
respecto a las de precio libre, las ayudas al acceso a la vivienda para
jóvenes, inmigrantes, familias de rentas bajas, etc… Sobre
estas y otras propuestas parece haber un grado de consenso tan alto en
periodo electoral que resulta escandaloso el constatar las divisiones
de los partidos y la inoperancia de los gobiernos municipales y autonómico
para ponerlas en práctica una vez pasados los comicios de turno.
AICAR-ADICAE considera que todos ellos son responsables
en mayor o menor medida de que, al final, la política del suelo
y de precios esté dominada por quienes controlan este suculento
negocio y de que nadie sea capaz de hacer que este mercado empiece a trabajar,
de una vez por todas, a favor de los titulares del derecho constitucional
básico a la vivienda: los ciudadanos.
Subvencionar al usuario, no al cemento
Los políticos siguen sin actuar para conseguir que el derecho a
una vivienda digna se lleve la práctica. El encarecimiento de la
vivienda tiene varios responsables. El precio del suelo ha crecido incluso
por encima del precio de la vivienda durante los últimos años
(un 90 % de media en España desde 1998, con Zaragoza como la ciudad
peninsular en la que más ha subido) y ello pese al incremento del
volumen de suelo urbanizable. Estos datos apuntan a la responsabilidad
de los Ayuntamientos y del gobierno autonómico que ha contribuido
al encarecimiento del suelo por la lentitud de los trámites urbanísticos
y a su capacidad de calificar el suelo. Los ayuntamientos son grandes
responsables ya que se siguen resistiendo a liberalizar el terreno que
constituye parte de sus ingresos. Pero no son los únicos responsables.
Las entidades financieras miran con satisfacción esta subida imparable
de precios. Y es que con los tipos tan bajos han descendido sus beneficios,
lo que han aprovechado para financiar hipotecas a muy largo plazo o intervenir
en el mercado inmobiliario.
Por otro lado se ha olvidado por completo de una política social
que garantice el acceso a todos a través de las VPO, como lo demuestra
el hecho de que la construcción en VPO, según datos del
propio Gobierno español, se ha reducido en Aragón un 73’5
% desde 1996, el segundo mayor porcentaje de todas las Comunidades Autónomas
(la media española de retroceso ha sido del 33’3 %) o la
ausencia total de reformas que fomenten los alquileres. Consecuencia de
todo ello es que resulta inaceptable que las familias españolas
estén destinando un porcentaje enorme de sus ingresos para la compra
de la vivienda. Y de momento sigue sin plantearse por las formaciones
políticas una normativa eficaz que prevea y garantice un adecuado
tratamiento del sobrendeudamiento.
Es cierto que ha habido algunas actuaciones positivas, como la reciente
reforma hipotecaria del Ministerio de Economía, que ha aprobado
unas medidas –acogidas con satisfacción pero consideradas
insuficientes por AICAR-ADICAE - para facilitar el esfuerzo
que realizan las familias con préstamos hipotecarios. Estas medidas
recogen algunas de las reivindicaciones que esta Asociación ha
venido transmitiendo a las Administraciones Públicas y que se han
plasmado en una reforma que no afronta en profundidad el elevado endeudamiento
de las familias por la adquisición de la vivienda. Pero en lo que
se refiere a las actuaciones en los niveles autonómico y, sobre
todo, municipal, la parálisis es exasperante y las renovadas promesas
de los partidos no se compadecen con las duras realidades cotidianas.
La Junta Directiva de AICAR-ADICAE