En el estudio comparativo realizado por los Servicios Técnicos de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros ADICAE sobre las distintas ofertas electorales de los partidos políticos hay que destacar la ausencia de cualquier referencia a la problemática relativa a las Cajas de Ahorros, a pesar de que se trata de entidades con una vinculación tradicional a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas donde el próximo domingo se eligen a sus representantes en las elecciones autonómicas y locales.

Es aún más extraña la ausencia de propuestas en los programas electorales de PP, PSOE e IU sobre las Cajas de Ahorros si tenemos en cuenta que estas entidades representan aproximadamente el 50% del sistema financiero en todas las Comunidades Autónomas, es decir controlan la mitad del dinero y el ahorro de su población. De hecho, están sometidas casi en su totalidad a la legislación autonómica, aparte de estar dominadas por los representantes de los respectivos Gobiernos regionales y de los principales Ayuntamientos. Las Cajas de Ahorros, como entidades financieras sin ánimo de lucro, deben jugar un papel decisivo para facilitar que se realicen los proyectos socialmente necesarios y aquellos que tengan una amplia repercusión económica y territorial para los usuarios de servicios financieros.

Ante esta situación de desinterés de los partidos políticos, hay que recordar que las Cajas de Ahorros son “democráticas” porque tienen establecida por ley la participación de los usuarios en sus órganos de gobierno. Sin embargo, los reglamentos de elección y las manipulaciones de los altos dirigentes de las Cajas y de los políticos, hacen que las elecciones de los impositores sean una pura farsa y que se ignore la representatividad de sus clientes, negando su participación social y democrática.

Desde ADICAE exigimos una reforma de la actual y preconstitucional normativa de las Cajas de Ahorros que suponga una renovación en los sistemas electorales de representación de los usuarios de estas entidades de crédito, todo ello con arreglo a los criterios establecidos en la Ley Electoral General y con el objetivo de que se impida el fraude y dominio de la misma por determinados grupos de interés.

La participación democrática de los impositores, establecida a través de asociaciones de consumidores y usuarios, es la única garantía que impediría no sólo su privatización –tan perseguida desde hace años por ciertos sectores económicos que suspiran por el ingente patrimonio de éstas- sino que garantizaría devolverles su auténtico carácter social. Para ello debe exigirse a estas entidades la dedicación de un mínimo del 50% de sus enormes beneficios a apoyar el desarrollo territorial y el bienestar social, su única razón social.
El desinterés de todos los partidos políticos por la problemática de los consumidores ha llegado al extremo de que los candidatos olviden en sus ofertas electorales la reforma de las Cajas de Ahorros para superar la preconstitucionalidad en la elección de sus órganos y, al mismo tiempo, conseguir una clara democratización para los usuarios y el cumplimiento de la finalidad social para la que fueron creadas.