- La Asociación recurrirá el auto del juez Garzón decretando la fianza y el archivo de la querella contra Telefónica, mientras los equipos jurídicos de la Asociación preparan una denuncia formal ante el Consejo General del Poder Judicial.
- ADICAE espera que el nuevo Gobierno no tolere esta maniobra política de la transición de poderes, que parece tratar de liquidar los principales escándalos en los que los consumidores han sido perjudicados y que en este caso afecta a más de 500.000 familias españolas.

Madrid, 16 de abril de 2004
La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros ADICAE (www.adicae.net) recurrirá dentro del plazo legalmente establecido el auto del juez Garzón (comunicado el pasado 15 de abril) por el que se decretaba el archivo de la querella presentada por esta Asociación contra Telefónica por su actuación en relación con su filial de internet: Terra.

Asimismo, ADICAE considera contradictoria la actuación de la Audiencia Nacional por la tramitación procesal de la querella contra Telefónica, cuando el mismo juez dio curso provisional al escrito presentado por esta Asociación en julio de 2003 sin solicitar fianza alguna. De la misma forma, el anterior titular del Juzgado de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, aceptó a trámite la querella sin exigir depósito previo para iniciar el procedimiento judicial y dictó determinadas diligencias que se practicaron, que serían extrañamente ilegales por parte del Juzgado al no admitir ahora a trámite la querella, ante lo cual ADICAE considera esta actuación de la Audiencia Nacional como vergonzosa, lamentable y contradictoria Ante esta situación, los servicios jurídicos de ADICAE están procediendo a redactar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CJPG).

Por otra parte, si bien la exigencia de fianza es una posibilidad legalmente contemplada, como en este caso que se solicita, parece mentira que se establezca una fianza absoluta y totalmente desproporcionada a una legítima asociación de consumidores cuyo objetivo es la defensa de los intereses y derechos de los usuarios de sistemas financieros y que actúa en defensa de más de 500.000 familias defraudadas por la actuación de Telefónica. Resulta además incomprensible que tras más de nueve meses de tramitación judicial se solicite el depósito de una fianza como requisito previo para considerar a esta Asociación como parte en el proceso iniciado contra Telefónica, máxime cuando la decisión ha sido adoptada por el magistrado que en su día procedió a dar curso a la querella y que actualmente está ocupando provisionalmente el Juzgado Central de Instrucción número 1 hasta que se ocupe la vacante dejada por la sanción impuesta al juez Ruiz Polanco.

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