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Recurso contra el cierre del sumario Gescartera al considerar que
la investigación esta inacabada e incompleta
- Considera vulnerado el derecho a la tutela
judicial efectiva de los más de 1.200 afectados por la estafa.
- Es imposible articular una acusación sin
resolver el recurso denegando la declaración como imputados
de altos cargos de la CNMV.
Madrid, 08 de julio de 2004
Tras el auto de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios
decretando el cierre de la instrucción del caso Gescartera,
el equipo jurídico de la Asociación de Usuarios de
Bancos Cajas y Seguros ADICAE
(www.ADICAE.net)
ha presentado recurso de reforma contra el cierre del sumario al
considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva
de los 1.200 afectados representados por esta Asociación
de consumidores y por entender que la investigación realizada
por la juez se encuentra inacabada y está incompleta.
El escrito de ADICAE razona que se ha vulnerado
la tutela judicial efectiva de los más de mil perjudicados
por Gescartera, puesto que este derecho reconocido en el art. 24
de la Constitución Española no sólo reconoce
la presunción de inocencia de los imputados, sino también
el derecho de los afectados a la “restitución de sus
derechos indebidamente vulnerados” y a que en la investigación
se practiquen “cuantas pruebas pudieran resultar necesarias
para el correcto esclarecimiento de los hechos”.
Asimismo, se considera vulnerado el principio de seguridad jurídica
y de un proceso con todas las garantías debido al exiguo
plazo concedido por la juez Teresa Palacios (diez días) para
formular escrito de acusación para un caso con un desmesurado
volumen documental y un enorme número de acusaciones, máxime
cuando durante la instrucción no se han entregado copia a
las partes de todos los documentos y pruebas obrantes en los autos.
El equipo jurídico de ADICAE estima que
es imposible articular la acusación cuando falta por resolver
el recurso de apelación presentado por esta Asociación
contra la denegación de la declaración como imputados
de altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(Pilar Valiente, Luis Ramallo y Fernández Armesto).
Esta Asociación de consumidores, que agrupa
a 1.200 afectados por Gescartera (la mayoría de los perjudicados
por la actuación de Antonio Camacho), considera que las investigación
realizada por el Juzgado Central de Instrucción núm.
tres de la Audiencia Nacional se encuentra incompleta e inacabada,
por lo que considera que el cierre del sumario se ha realizado con
“una evidente celeridad, no justificada y demasiado precipitada”,
lo que priva a las perjudicados de su legítimo derecho de
acusación.
La investigación está inacabada porque la declaración
como imputados de Pilar Valiente, Luis Ramallo, Fernández
Armesto y los demás ex directivos de la CNMV garantizaría
el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados por la
estafa de Gescartera, mientras que la ausencia de esta actuación
judicial privaría a los perjudicados y a la sociedad de su
“derecho a que se investiguen e instruyan cuantos indicios
de racionalidad pudieran converger para un correcto esclarecimiento
de los hechos”. Con el cierre de la instrucción y la
apertura de juicio oral se impide que declare ante la Audiencia
Nacional ningún nuevo implicado más, lo que en la
práctica se traduce en que pueda estar intentándose
"liquidar" el mayor escándalo financiero al que
los españoles han asistido. La condena que pueda imponerse
a unos pocos imputados que asuman el papel de "cabezas de turco",
no esclarecerá lo ocurrido ni supondrá para los afectados
la restitución de los perjuicios causados, lo cual pone en
duda de manera grave y preocupante la eficacia del sistema judicial.
ADICAE considera incompleta la investigación porque no se
ha aplicado el mismo criterio judicial de la responsabilidad civil
subsidiaria de Cajamadrid a otras entidades relacionadas de forma
evidente con el fraude Gescartera, como es el caso de La Caixa,
Bankinter y la empresa auditora Deloitte & Touche, entre otros.
Ante las reiteradas peticiones del equipo jurídico de ADICAE
para aclarar la relación de la auditora con Gescartera, la
juez Teresa Palacios no ha aplicado el mismo criterio que establece
para Cajamadrid, a pesar de que la auditora está sancionada
por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC),
cuyo expediente sancionador se aportó a la investigación
judicial tras así solicitarlo ADICAE.
Dpto. Comunicación ADICAE
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