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- ADICAE considera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva
de los más de 1.200 afectados por la estafa.
- Investigación incompleta e inacabada: se desconoce el destino
de los 108 millones de euros estafados y faltan las declaraciones
de ex altos cargos de la CNMV.
Zaragoza, 02 de agosto de 2004
Tanto las acusaciones particulares, la acción popular ejercida
por ADICAE así como la práctica totalidad
de las partes procesales han presentado recurso de reforma o de
apelación contra el auto del 29 de junio de la juez de la
Audiencia Nacional Teresa Palacios por el que decretaba el cierre
de la instrucción del caso Gescartera. En
este sentido, el equipo jurídico de la Asociación
de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros ADICAE (www.adicae.net)
ha presentado recurso de reforma contra el cierre del sumario al
considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva
de los 1.200 afectados representados por esta Asociación
de consumidores y por entender que la investigación realizada
por la juez se encuentra inacabada y está incompleta. Las
peticiones del resto de las acusaciones coinciden con el recurso
de ADICAE en considerar inacabada la investigación
y solicitar a la juez Teresa Palacios la reapertura de la investigación
judicial.
El sumario Gescartera es uno de los inhabituales casos judiciales
en que acusaciones particulares y populares, defensas de los procesados
y resto de las partes personadas en el procedimiento coinciden en
rechazar el cierre de la instrucción, y solicitar la reapertura
del sumario. Ante esta situación de oposición generalizada
a la finalización de la investigación, ADICAE
propugna por la celeridad en realizar las pruebas pendientes con
el objeto de que no se eternice en los tribunales una solución
judicial para los 1.200 representados por esta Asociación.
El recurso de ADICAE razona que se ha vulnerado
la tutela judicial efectiva de los más de mil perjudicados
representados por esta Asociación, puesto que este derecho
constitucional no sólo reconoce la presunción de inocencia
de los imputados, sino también el derecho de los afectados
a la “restitución de sus derechos indebidamente vulnerados”
y a que en la investigación se practiquen “cuantas
pruebas pudieran resultar necesarias para el correcto esclarecimiento
de los hechos”. La investigación realizada por la juez
Teresa Palacios se encuentra incompleta e inacabada, por lo que
considera que el cierre del sumario se ha realizado con “una
evidente celeridad, no justificada y demasiado precipitada”,
lo que priva a las perjudicados de su legítimo derecho de
acusación.
La investigación está inacabada porque la declaración
como imputados de Pilar Valiente, Luis Ramallo, Fernández
Armesto y los demás ex directivos de la CNMV garantizaría
el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados por la
estafa de Gescartera, mientras que la ausencia de esta actuación
judicial privaría a los perjudicados y a la sociedad de su
“derecho a que se investiguen e instruyan cuantos indicios
de racionalidad pudieran converger para un correcto esclarecimiento
de los hechos”.
La condena que pueda imponerse a unos pocos imputados que asuman
el papel de "cabezas de turco" no esclarecerá lo
ocurrido ni supondrá para los afectados la restitución
de los perjuicios causados, lo cual pone en duda de manera grave
y preocupante la eficacia del sistema judicial. Igualmente, faltan
por fijar con claridad las responsabilidades civiles (directas y
subsidiarias) así como la práctica de cuantas pruebas
hayan de servir para conocer el destino de los más de 108
millones de euros pertenecientes a los afectados y “distraídos
por los acusados con anterioridad a 1.998”. La aparición
del dinero o conocer, al menos, el destino de los importes estafados
continúa siendo la principal incógnita de Gescartera
y sin cuyo averiguamiento o agotamiento de pruebas practicadas no
es posible establecer el cierre de esta instrucción.
ADICAE considera incompleta la investigación
porque no se ha aplicado el mismo criterio judicial de la responsabilidad
civil subsidiaria de Cajamadrid a otras entidades relacionadas de
forma evidente con el fraude Gescartera, como es el caso de La Caixa,
Bankinter y la empresa auditora Deloitte & Touche, entre otros.
Ante las reiteradas peticiones del equipo jurídico de ADICAE
para aclarar la relación de la auditora con Gescartera, la
juez Teresa Palacios no ha aplicado el mismo criterio que establece
para Cajamadrid, a pesar de que la auditora está sancionada
por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC),
cuyo expediente sancionador se aportó a la investigación
judicial tras así solicitarlo ADICAE.
Dpto. Comunicación ADICAE
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