* La operadora de telefonía afirma ante la Audiencia Nacional que nunca hubo compromisos con su filial Terra para el ADSL, algo radicalmente falso según acredita el propio folleto de la OPV presentado por Telefónica ante la CNMV en 1999.
* ADICAE exige la continuación de la investigación penal y denuncia la indefensión jurídica de los cientos de miles de pequeños accionistas perjudicados.

Madrid, viernes, 17 de febrero de 2006
Pasadas las 11:00 de esta mañana comenzó la vista pública que, con motivo del recurso de apelación planteado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE (www.adicae.net) en relación al intento de archivo de la querella criminal presentada por esta asociación en 2003 contra Telefónica y Terra, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió convocar.

En la vista se ha podido asistir a un evidente intento por parte de Telefónica de confundir al Tribunal, además de a afirmaciones contrastadamente falsas y a una actitud esquiva respecto a las principales cuestiones planteadas y denunciadas por ADICAE, todo lo cual constituye una auténtica e inaceptable burla a la Audiencia Nacional y los cientos de miles de pequeños accionistas a los que defiende ADICAE y cuyos ahorros han sido expoliados.

Los equipos jurídicos de ADICAE han basado sus argumentaciones, además de en los evidentes indicios de delito, en varios elementos clave:

- Contrariamente a los argumentos de Telefónica y la Fiscalía, la querella fue admitida a trámite desde el momento en que el magistrado Ruiz Polanco acordó mediante auto de fecha 15 de diciembre de 2003 tomar declaración a varios de los querellados (Juan Perea Saez de Buruaga, Martín Velasco Gómez y José Vallés Rovira), puesto que dichas declaraciones constituían el inicio de una investigación penal, sin perjuicio de la decisión que el Juzgado pudiese tomar tras dichas declaraciones.

- Tanto Baltasar Garzón como Santiago Pedraz, dos de los cuatro magistrados que han pasado por este caso, han reconocido en sendos autos la admisión a trámite de la querella de ADICAE

- Frente a la queja de ADICAE por el hecho de que se haya intentado cerrar el caso sin cumplir el acuerdo de Ruiz Polanco de tomar declaración a varios imputados la Audiencia Nacional manifestó que la práctica de dichas diligencias “en nada contribuiría a dictar resolución distinta, pues [los querellados] obviamente no van a aportar dato alguno a favor de la comisión de delito alguno”.

Es decir, el Juzgado de Instrucción dispone de una especie de “Bola de Cristal” que le permite conocer de antemano el resultado de las diligencias acordadas. Frente a este argumento ADICAE ha manifestado no poder considerarlo aceptable, ya que supondría en la práctica que las investigaciones que desarrollan los Juzgados penales españoles no sirven para nada, algo que ni es cierto ni puede ser expuesto como argumento.

La argumentación de Telefónica ha constituido por su parte un auténtico esperpento de burla hacia los pequeños accionistas y la propia Audiencia Nacional:
- Telefónica ha tratado en todo momento de hacer creer al Tribunal que la querella presentada por ADICAE considera simplemente ilegal la OPA realizada en 2003, cuando una simple lectura de la querella permite comprobar que se denuncian actuaciones llevadas a cabo por Telefónica desde el mismo momento de la salida a Bolsa de Terra en la OPV de 1999. De esta forma, Telefónica trata de convencer a la Audiencia Nacional de que deberían ser los Juzgados Civiles los encargados de analizar el caso.
- La operadora ha llegado al extremo y desvergüenza de afirmar que “Nunca hubo un compromiso de Telefónica con Terra para el ADSL”. Afirmación absolutamente falsa como demuestra un mero vistazo a las páginas 19 a 25 del Capítulo III del folleto de la OPV depositado por Telefónica en 1999 ante la CNMV. En dicho folleto se comprueba que: a) En relación a países como Perú, Chile y Estados Unidos existían contratos entre Terra y Telefónica por los cuales la filial de Internet adquiría la exclusividad en la prestación de los servicios de acceso a Internet (por ejemplo en el caso de Perú pagando por ello además 25 millones de dólares); b) En el caso de España, aún desconociéndose si existían contratos, el folleto de la OPV indica claramente que en 1998 se diferenciaron dos líneas de negocio, encargándose Terra del acceso a Internet en los mercados residencial y SOHO (Small Office Home Office, pequeñas empresas y profesionales independientes) y Telefónica del negocio de comunicaciones de empresa.

De esta forma, Terra adquirió a Telefónica las empresas a través de las que la operadora desarrollaba actividades relacionadas con Internet (a cambio del oportuno precio, evidentemente). En casos como los de Chile, Perú y EEUU los contratos establecían la exclusividad de la actividad a favor de Terra tras la compra. En el caso de España la diferenciación de negocio fue un factor fundamental a la hora de generar confianza entre los pequeños accionistas y de promover la asistencia masiva a la OPV.

En cualquier caso, y al margen de ponerse de manifiesto que Telefónica ha decidido mantener en los Juzgados la misma actitud y postura que ha venido manteniendo ante cientos de miles de pequeños accionistas desde que saco a Terra a Bolsa, los equipos jurídicos de ADICAE ha destacado la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (Art. 24 de la Constitución) ya que no solamente el Juzgado vuelve atrás en su primera resolución, sino que sin realizar ni una sola diligencia, se procede a archivar las actuaciones sin justificar ni argumentar una sola razón que fundamente el cierre de esta vía judicial.

Breve resumen esquemático del caso:
ADICAE presentó en julio de 2.003 una querella criminal contra los Consejos de Administración de Telefónica y Terra Networks, y contra Juan Villalonga, Juan Perea Saéz de Buruaga, Martín Velasco y José Vallés Rovira, acusados de los delitos de estafa, apropiación indebida, conspiración para alterar el precio de las cosas, coacciones y delito societario. En diciembre del mismo año, el juez Guillermo Ruiz de Polanco, titular del Juzgado Central 1, llamó a declarar a varios imputados lo que supuso un importante avance en el curso de las diligencias previas. Sin embargo, en abril de 2.004 el juez Baltasar Garzón, provisionalmente en sustitución de Ruiz Polanco, dicta un auto por el que decreta el archivo de las actuaciones judiciales y exige a ADICAE una fianza de 100.000 euros. Frente a esta desproporcionada fianza, un auto de abril de 2.005 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atiende las tesis de ADICAE y rebaja la fianza a 10.000 euros razonando que el aval debe “ser proporcionado y equitativo” pues de otro modo “se impediría el ejercicio de la acción popular”.

Además de la querella interpuesta por ADICAE en el Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional se presentaron en abril de 2.005 diversas denuncias de miembros de la Plataforma de ADICAE que motivaron la apertura de diligencias en el Central de Instrucción 3, del que es titular la Juez Teresa Palacios quien decidió inhibirse a favor del titular del Juzgado nº 1, para que fuera él quien decidiera.

Toda esta situación resulta incomprensible para las decenas de miles de pequeños accionistas cuyos ahorros han sido expoliados y que se agruparon hace ya dos años y medio en la Plataforma creada por ADICAE. ¿Cómo es posible que un juez decida que es posible que exista delito y admita a trámite la querella de ADICAE y después otro juez, sin realizar ningún tipo de investigación ni comprobación, concluya que no hay delito y pretenda archivar la querella?
ADICAE y cientos de miles de pequeños accionistas confían ahora en que finalmente y de una vez por todas se investiguen los hechos denunciados y se esclarezca el mayor escándalo de la historia de la Bolsa española.

Dpto. Comunicación de ADICAE