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Nota de prensa
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AFINSA15/02/2018
Los dirigentes de Afinsa, condenados a entrar en prisión y a devolver todo lo estafado a las 190.000 familias víctimas del fraude
El resarcimiento de los afectados no será posible porque los defraudadores sólo responderán con sus bienes embargados, insignificantes para afrontar su responsabilidad civil
ADICAE, con la mayoría de los afectados, seguirá reclamando la solución política aprobada por el Congreso de los Diputados a la que se ha negado el Gobierno de Rajoy
Junto a la orden de entrada en prisión dictada para los 11 condenados en el fraude de Afinsa, la Audiencia Nacional declara la firmeza de las condenas en concepto de responsabilidad civil por las que los defraudadores deben responder por un importe de 2.574 millones de euros.
Sin embargo, ni las cantidades intervenidas en el procedimiento judicial ni las propiedades de los condenados permitirán el resarcimiento de los 190.022 afectados. En su decreto, la Audiencia ordena que los aproximadamente 10 millones de euros de dinero intervenido se abonen a las víctimas del fraude mediante el traslado de esa cantidad al juzgado mercantil 6 de Madrid (donde se sigue la liquidación de Afinsa), de manera que cada familia recibirá una ridícula cantidad que, en media, puede estimarse en los 50 euros que se suman a lo que hasta el momento han recuperado en dicho procedimiento concursal, el 10% de sus ahorros.
Esta realidad expresa un claro ejemplo del incumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución, que hace que la resolución de un caso de esta envergadura se demore tanto tiempo para tan anecdótico resarcimiento, dejando a miles de familias en la estacada
Ante esta situación, y tras doce años sin que los diferentes Gobiernos hayan avanzado en ninguna fórmula de resarcimiento para los afectados, ADICAE insistirá en la exigencia de que el Gobierno cumpla el mandato que le dió el Congreso de los Diputados con la Proposición no de Ley aprobada el 19 de noviembre de 2014, a la que hasta ahora ha hecho caso omiso el Ejecutivo de Rajoy, y que tiene que ser puesta en marcha de forma inmediata para garantizar los intereses y derechos de todos los perjudicados.
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