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Nota de prensa
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CONSUMO01/10/2018
ADICAE insta a la Comisión Europea a proseguir la reforma de la acción colectiva
La asociación, líder en España en materia de acción colectiva, ha participado en el debate celebrado en el ministerio de Sanidad sobre el “Marco para la Modernización de los Derechos de los Consumidores”.
ADICAE ha apoyado de forma crítica el ‘New Deal for Consumers’ presentado por Bruselas en abril. La asociación cree que alguno de los puntos débiles no son motivo para frenar el proyecto, sino para mejorarlo.
ADICAE, cuya labor ha sido fundamental en los debates originados en torno a la acción colectiva en España, celebra y apoya la propuesta de Directiva de la Comisión Europea que pretende abordar las deficiencias principales en esta materia en España. “España es la que más acciones colectivas ha presentado en toda Europa, porque llevamos 20 años de fraudes masivos por entidades financieras y grandes empresas”, ha señalado Manuel Pardos, presidente de la asociación.
Hasta ahora, los graves fraudes colectivos han demostrado la grave ineficiencia de la acción judicial colectiva. “Son múltiples los ejemplos en los que la realidad judicial ha puesto de manifiesto los déficits en la defensa de los consumidores como hemos observado en el caso de las preferentes o las cláusulas suelo”, ha dicho Fernando Herrero, secretario General de ADICAE.
La gran novedad de la Directiva es la incorporación del resarcimiento, algo por lo que ADICAE lleva luchando desde sus inicios. Este es el gran defecto de la acción colectiva. Hasta ahora se ha limitado profundamente su eficacia tanto para corregir y revertir situaciones de abuso masivo como para propiciar cambios de actuación y dinámicas por parte de los denominados ‘operadores de mercado’, “especialmente entidades del sector financiero y grandes compañías de sectores caracterizados por la contratación masiva como la energía, las telecomunicaciones, o el transporte.”, ha explicado Herrero.
ADICAE sostiene que al abordar el resarcimiento desde la acción colectiva se desincentivarían las actuaciones y prácticas abusivas con carácter masivo. La resolución extrajudicial de conflictos es una materia que también debería regularse tanto en España como en la directiva. Manuel Pardos lo explicaba con este ejemplo: “ADICAE ha conseguido que interponiendo una acción colectiva judicial, las empresas se aprestaban a hablar. La mediación puede ser una solución”.
En España la acción colectiva ha quedado tan solo como “cesación pura”, negando la posibilidad de que una misma práctica o condición pueda generar efectos colectivos que hayan de ser corregidos también de forma colectiva y, “peor aun, negando la realidad: que en las relaciones de consumo no existe hace décadas ya la contratación por negociación, sino que toda ella se rige por la contratación masiva y por adhesión”, ha sostenido Herrero.
ADICAE cree se deben mejorar algunas facetas de esta directiva. Por ejemplo definir mejor "asunto complejo" para dar solución a algunos temas donde el resarcimiento es complicado, como en el caso Vodafone donde se tienen que indemnizar a medio millón de usuarios con una cuantía de entre seis y diez euros. Por otro lado, ADICAE cree que se debería especificar mejor la acción de representación que evite que el concepto y denominación "Asociación de Consumidores" se convierta en paraguas legitimador de cualquier grupo, grupúsculo, o despacho técnico o jurídico con intereses propios para una actuación escudada en una condición ajena a su realidad.
En este sentido la propuesta europea debería detallar más todo lo relativo a la aplicación y ejecución de las resoluciones en acciones colectivas. Carlos Ballugera, en línea con las tesis de ADICAE, ha pedido que los efectos de una resolución determinando la nulidad de una cláusula o la abusividad de una práctica, en lo que respecta al resarcimiento o reparación, se apliquen de forma eficaz sobre todos los consumidores afectados.
El llamado 'New Deal' también es consciente del coste y duración de los procedimientos colectivos, otra de las graves deficiencias en España. Por eso impone a cada Estado el establecimiento de “modalidades procesales específicas” y el velar porque todas las acciones de representación se tramiten “con la diligencia debida”.
Todo esto puede quedar en nada si no se aplica de forma adecuada o con unos valores determinados. Así lo ha asegurado el magistrado del Tribunal Supremo Javier Orduña, que ha destacado el valor fundamental y transversal de la transparencia: “La transparencia se merece una política de consenso ya que beneficia a todas las partes: ciudadanos, administraciones, empresas. Estas directivas son una oportunidad de oro para construir la UE desde abajo y mejorar la vida de todos los ciudadanos europeos”.
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