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Frente común de las asociaciones de consumidores en Europa contra la nueva norma para regular tarjetas de pago, que subirá comisiones a clientes

ADICAE y otras cinco organizaciones de consumidores de España, Portugal, Italia, Países Bajos y Rumanía han unido sus fuerzas para mejorar los derechos y garantías de los consumidores en la propuesta de la Comisión Europea sobre las tasas de intercambio. Todas las organizaciones han presentado en Bruselas un manifiesto conjunto que expresa su preocupación por el impacto negativo que el paquete legislativo de pago podría tener en los consumidores.

El 11 de febrero ADICAE y otras cinco organizaciones de consumidores de Italia, Portugal, Rumanía, España y los Países Bajos organizaron un acto en el Parlamento Europeo sobre la protección de los usuarios de tarjetas de crédito en Europa. El acto fue organizado por el eurodiputado Pablo Zalba, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y ponente del expediente sobre las tasas de intercambio para las transacciones con pagos basados en tarjetas . En dicho acto ADICAE presentó una declaración conjunta de seis asociaciones de consumidores europeas sobre el nuevo paquete legislativo que regirá sobre las comisiones de las tarjetas bancarias.

La unión de estas seis asociaciones de consumidores responde al hecho de que, tras la propuesta de la Comisión Europea, van a aumentar los riesgos para los consumidores europeos. Las experiencias de otros mercados, como España, Australia o Estados Unidos, donde las tasas de intercambio se han reducido, demuestran que los consumidores fueron los principales perdedores. Además, la propuesta se basa en el proceso presupuestario, que sólo beneficia a los intereses de los comerciantes sin tener en cuenta los de los consumidores.

La propuesta de Bruselas en cuestión pretende imponer un tope a las "excesivas" comisiones interbancarias por pagos con tarjeta, hasta situarlas en un máximo del 0,3% del valor de la transacción en el caso de las tarjetas de crédito y del 0,2% para las de débito.

Estas comisiones están incluidas en los costes de los comercios por aceptar tarjetas de pago como Visa o MasterCard y se repercuten sobre los consumidores finales con precios más altos. Bruselas calcula que su coste es de más del 1% del PIB o 130.000 millones al año.

Consecuencias negativas para los consumidores

En España las tasas de intercambio se redujeron por un periodo de 5 años y en forma progresiva con el espíritu de la reducción de costes para el comerciante, y esto debería haber repercutido en unos precios más bajos para los consumidores. “Sin embargo los resultados de la reducción tenían los efectos opuestos sobre los consumidores que ahora pagan hasta un 50% más por su tarjeta sin comisiones comerciales. Por otra parte, durante este período se elevaron los precios hasta un 25% más que en la zona euro. Esto demuestra la existencia de riesgos evidentes para los consumidores, independientemente de las diferencias en cada país" dijo Fernando Herrero, representante de ADICAE.

Si no se modifica la propuesta, podría perjudicar seriamente a los consumidores de la Unión Europea: los resultados serían contrarios a los objetivos de la Comisión sobre el fortalecimiento de la protección del consumidor e incluso al objetivo de la libre y leal competencia. La reducción de las tasas de intercambio no deben ser implementadas si no van acompañadas de un análisis de todos los costes existentes, así como de medidas que obliguen a los comerciantes a reducir los precios y que esto beneficie a los consumidores. 

Hay medidas de la propuesta que añadirían dificultades y retrasarían los pagos con tarjeta, por lo que las tarjetas podrían perder su atractivo, generando además situaciones confusas que perjudicarían a los consumidores. También podría llegar a desaparecer la libertad de elección de los consumidores, generando de facto la imposición de diferentes tarjetas para los usuarios con el fin de garantizar la posibilidad de pagar en todas las tiendas. 

Las organizaciones de consumidores europeas que apoyan la declaración conjunta presentada  en el Parlamento Europeo son ADICAE (España), ASGECO (España), Associação Portuguesa do Dereito de Consumo (Portugal), Cittadinanza Activa (Italia), Maatschappij Voor Beter OV (Países Bajos) y Protectia Consumatorilor (Rumanía).

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