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ADICAE lleva la reforma eléctrica ante el Defensor del Pueblo

La asociación exige al Ministerio de Industria la retirada inmediata de una reforma que carga sobre los consumidores el coste de un déficit tarifario que solo beneficia a las empresas. Cada consumidor debe pagar directamente más de 32 euros extras al año para paliar el déficit generado hasta este momento. Mientras la reforma continúa su tramitación, el recibo de la luz se dispara a niveles inasumibles para los hogares más castigados por la crisis.

ADICAE ha mantenido esta semana una reunión con representantes del Ministerio de Industria para exponer su rotundo rechazo a la reforma eléctrica. Para la asociación el objetivo de esta mal llamada reforma es meramente recaudatorio, ya que su único objetivo es que los consumidores paguen un déficit generado entre el Estado y las empresas eléctricas, fruto de una serie de decisiones políticas cuyos únicos beneficiarios han sido las grandes compañías del sector. ADICAE, que ya ha presentado alegaciones a la ley, va a solicitar al Defensor del Pueblo que intervenga para paralizar la reforma y que esta se replantee en su totalidad.

El déficit se ha generado de forma opaca, por lo que ADICAE ha exigido al Ministerio que aplique un proceso de transparencia que permita a los consumidores conocer cómo se ha incrementado esta deuda hasta los 28.000 millones de euros, a pesar de las constantes subidas del recibo para los consumidores.

Para evitar que el déficit tarifario continúe creciendo al ritmo de 4.500 millones al año, el Gobierno ha previsto que ese incremento sea paliado entre las empresas, el Estado y los consumidores. El importe a cubrir por los consumidores es de 900 millones de euros anuales, lo supone que, de media, cada consumidor deberá pagar a través de sus facturas al menos 32,50 euros extra al año para paliar el incremento del déficit. Eso sin contar con lo que se abonará indirectamente a través del Estado, que debe aportar otros 900 millones anuales.

Para ADICAE, el Anteproyecto de reforma électrica es un galimatías que en nada clarifica el sector, y que genera una situación de total indefensión para el consumidor, al poner como máxima prioridad el "principio de suficiencia de ingresos”, lo que va a conducir a incrementos constantes del recibo de la luz. Algo que muchos consumidores ya están notando en la factura de septiembre, en la que se están encontrando montantes difícilmente asumibles por hogares en precaria situación económica. 

Mientras la ley y los diferentes reglamentos y reales decretos que desarrollan la reforma se tramitan, el Gobierno se apresuró a aprobar en agosto una subida del recibo de la luz del 3,2% de media. Esto, unido a la desincentivación del ahorro energético que implica el incremento de la parte fija de la factura, deja en envidencia que el único fin es pagar a las empresas eléctricas españolas, que doblan en margen de beneficios a las europeas, gracias a que los consumidores españoles afrotan una de las electricidades más caras de Europa.

Por todo ello, y ante la constatación de que el Ministerio no contempla retirar una reforma urdida sin haber consultado a las asociaciones de consumidores, ADICAE ha presentado un escrito al Defensor del Pueblo en el que solicita su intervención para paralizar la reforma y revisar completamente la normativa eléctrica con la participación de todos los actores implicados. Para ADICAE, de este proceso debe salir un sistema eléctrico en el que verdaderamente se ponga fin a elementos distorsionadores, que van contra el mercado y los consumidores, y que propicie una verdadera competencia, que ahora no se está dando.

Por todo ello, ADICAE considera prioritaria la retirada de esta reforma eléctrica y la consecución de un modelo justo para el conjunto de los consumidores. Para ello ADICAE va a realizar una campaña para informar a los consumidores del perjuicio que les va a suponer la aprobación de esta reforma.

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