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El Gobierno limita la apuesta consumerista de su Plan de Resiliencia

Tímido, por no decir absolutamente insuficiente, es el sesgo consumerista del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que ha presentado este miércoles el Gobierno de España, y con el que pretende convencer a la Unión Europea para que dé luz verde a una inversión de 72.000 millones de euros dedicados a transformación digital y medioambiental, movilidad, rehabilitación urbana y de infraestructuras.

Las apuestas directamente relacionadas con el consumo son dos; en realidad, una y media. Hay cierto desarrollo al respecto de las medidas con las que se pretende rebajar el recibo de la electricidad, y hay apenas una mención a la "arquitectura de gobernanza económica" para hacer referencia a los derechos de los consumidores financieros.

¿Y la protección de los derechos de los consumidores financieros?

El Gobierno pretende poner en marcha una "reforma para la modernización de la arquitectura institucional de gobernanza económica", como medida que supone implementar "un conjunto de políticas en el ámbito financiero y contable, con el fin de reforzar nuestro sistema e incrementar la protección de los consumidores en materia financiera".

Sin más desarrollo, y sin más contexto, ni siquiera una sucinta referencia a las instituciones que componen esa "gobernanza económica", Economía despacha de un plumazo las reivindicaciones de miles de consumidores afectados por gastos hipotecarios, abusos en la contratación de créditos al consumo, créditos rápidos y tarjetas revolving, o problemas en el ahorro y la inversión como las criptomonedas o la falta de seguridad en los medios de pago digitales.

Bajar la luz a los consumidores

Algo más de desarrollo, aunque tampoco demasiado, tiene la apuesta del Ejecutivo español al respecto de los planes para desarrollar un modelo energético que se apoye con más atrevimiento en las energías renovables. Habla Moncloa de una "reforma energética que incluye medidas que no solo impulsan la producción e integración de renovables, sino el ahorro en costes energéticos para los consumidores y, con ello, una mayor protección de las familias y competitividad de las empresas. Se trata", dice el Ministerio, "de aspectos como las nuevas subastas de renovables, la mejora del marco regulatorio para la concesión de permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas para la instalación de plantas renovables, y la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del sistema eléctrico (FNSSE)".

Al respecto de este FNSSE, dice Moncloa que pretende evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía "y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitirá la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años". El propio Fondo se planifica como un apunte contable público que asumirá "los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que dejarán de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas". Se financiará en teoría con las aportaciones de todas las empresas comercializadoras, y rebajará la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos.

"Cabe destacar además la futura Estrategia Nacional de Autoconsumo, que contribuirá a la mejora de la competitividad y la modernización de los sectores económicos al impulsar de forma global la integración de la generación eléctrica en los edificios o en los sectores doméstico, industrial, terciario y público, así como la Estrategia de Almacenamiento Energético que abordará el análisis de las distintas tecnologías y retos para su desarrollo". En todo caso, España pretende un crecimiento significativo de la penetración de las energías renovables, "llegando en 2030 al 74% en el ámbito eléctrico. En este contexto, el principal objetivo perseguido es incrementar el uso de energía renovable sobre el consumo de energía final".

En todo caso, escasa presencia del consumerismo en un documento que se pretende base para la recuperación de la economía española en los próximos años tras la pandemia de la Covid-19.

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