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Negar la liberación gratuita del móvil, una práctica abusiva que las compañías siguen aplicando impunemente

¿Pueden las compañías negar el desbloqueo de un móvil si periodo de permanencia ha expirado o el consumidor ha rescindido el contrato con la consiguiente penalización? En teoría, no; hacerlo supone infringir la normativa de consumo, según reconoce el propio Instituto Nacional de Consumo. Tampoco pueden denegar el desbloqueo aunque la permanencia no haya expirado, si el consumidor cumple las condiciones que marcaba el contrato. Sin embargo, parece que las operadoras temen poco a las sanciones, porque siguen incumpliendo los derechos de los consumidores y ponen obstáculos a liberar el móvil.

A pesar de que las autoridades de consumo ha tipificado esta práctica como abusiva, algunas compañías siguen haciendo caso omiso a los derechos de los consumidores y cobran por liberar un móvil aunque haya finalizado el contrato de permanencia o se haya pagado la penalización. Es el caso de Orange y Vodafone, que cobran por este servicio, en concepto de “gastos de gestión”, 9 y 8 euros, respectivamente. En ningún caso este cobro está justificado, ya que cuando se realiza un contrato que lleva a asociada la subvención de un móvil, el periodo de permanencia es el plazo en el que el usuario paga el terminal y, en el caso de que decida rescindir el contrato antes de su finalización, se abona una importante penalización con la que también se cubriría el precio de ese móvil. Por eso, negarse a desbloquear el móvil o cobrar por ello suponen, según el Instituto Nacional del Consumo, “infracciones en materia de consumo sancionables por las autoridades competentes”.

Pero además de cobrar, las requisitos que pide Vodafone para tramitar el desbloqueo pasan por ser cliente en el momento de la solicitud, estar al corriente de pago y que la línea asociada al móvil no esté asociada a un contrato de permanencia. La exigencia de ser cliente supone un grave obstáculo, ya que muchos consumidores pueden haber salido de la empresa antes de pedir la liberación de su terminal, y recibir ya servicio de otra operadora. Orange, por su parte, obliga para liberar el teléfono a llamar a una línea 902, que tiene un coste de llamada de 0,48 cts/min (impuestos indirectos no incluidos).

Yoigo, por su parte, no cobra por facilitar el código de desbloqueo del móvil, pero al igual que Vodafone, solo lo facilita si el consumidor sigue siendo cliente de la compañía. Además de esto, exige como requisito cumplir la totalidad de la permanencia, aunque se haya pagado penalización para resolver el contrato.

Todas estas prácticas, que suponen un obstáculo para que el consumidor pueda acceder a un teléfono móvil que ya ha pagado, constituyen prácticas abusivas. A pesar de que el Instituto Nacional de Consumo las tipificó como tal en julio de 2012, ni Vodafone, Orange y Yoigo todavía han rectificado su política empresarial, ni las autoridades de consumo les han obligado a hacerlo. Ante cualquier problema con la liberación de su móvil, en las sedes de ADICAE o a través de su sección de consultas encontrará la información necesaria para reclamar y hacer valer sus derechos.