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Privatización del AVE; un modelo de ensayo-error

A la vuelta de verano el Gobierno dará luz verde a las condiciones en las que va a liberalizar el AVE en la línea Madrid-Valencia, la primera de un modelo con el que se quiere dar entrada a operadores ferroviarios en competencia. El problema, que el Gobierno no tiene muy claro cómo saldrá este experimento. Y los consumidores, tampoco.

El servicio de ferrocarril de Alta Velocidad en España se va a privatizar. Así lo ha decidido el Ministerio de Fomento, que a finales de este verano sacará a concurso las condiciones en las que concurrirán aquellas empresas privadas interesadas en explotar el servicio de AVE entre Madrid y Valencia, el primero que tendrá este modelo. El objetivo, que varios operadores compitan entre sí, teóricamente redundando en una mayor calidad en el servicio a menores precios.

Tras esta convicción ideológica, dudas. Porque el propio ministerio deja entrever que no tiene muy claro cómo va a salir el experimento de dejar que empresas privadas presten estos servicios ferroviarios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) viene empujando a Fomento para fomentar la apertura de "un número definido y conocido de corredores que garantice una mayor seguridad jurídica de los operadores", en vez del proceso de paulatina apertura a la competencia aprobado por el Gobierno.

"Al menos, debería comprender la apertura inicial de los trayectos ferroviarios de mayor demanda para incentivar la entrada de nuevas empresas", señala la CNMC, en clara referencia a las líneas de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla y Madrid-Zaragoza-Barcelona, las que más pasajeros están registrando. Sin embargo, la respuesta del Gobierno es más prudente, y alude casi a un método de ensayo-error; quiere Fomento ver cómo se desarrolla el servicio del corredor de Levante antes de otorgar las otras dos grandes líneas AVE.

Motivos tiene Fomento para preocuparse. La libre concurrencia en servicios de transporte de pasajeros en España (autocares de línea) está sometida a un procedimiento de concurso público que, en la práctica, se basa en la filosofía de "una ruta, una empresa", con criterios de servicio público que garantizan horarios, servicios y paradas sin prestar atención a rentabilidad, a base de subvenciones. No es esto lo que tiene en mente el Gobierno, que quiere que las empresas entren en el AVE con todas las de la ley, 'tanto recaudas, tanto ganas'.

Lo cual justifica que haya que vigilar precios, frecuencias, tiempos, mantenimiento de máquinas, vías y estaciones, y paradas, de tal manera que no haya estaciones que puedan quedar sin servicios ferroviarios; cabe recordar que el AVE ya es prácticamente la única posibilidad de ir en tren entre Madrid y muchas ciudades españolas. Si entran los criterios de rentabilidad pura propios de explotaciones privadas, los desajustes en estos servicios podrían ser evidentes.

El mal ejemplo de la luz y las gasolinas

No hay que olvidar que los antecedentes españoles de privatización de servicios públicos no son para nada alentadores npara los consumidores. Los gobiernos de la década de los 90 emprendieron un proceso liberalizador que puso en manos privadas sectores estratégicos como la luz, la telefonía o los carburantes. Desde entonces, los precios de estos artículos para los consumidores se han multiplicado exponencialmente; tan es así que hasta Competencia tiene expedientes abiertos analizando las prácticas oligárquicas de las empresas que dominan estos sectores.

El último gran sector que queda por privatizar es precisamente el ferroviario, y hay empresas muy interesadas en que el proceso se haga rápido, lo más posible. Hasta tal punto que, de hecho, sin privatización de los AVE Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla no pujarán por el servicio a Valencia. Quedan, además, rutas AVE que tienen potencial de desarrollo, como los servicios de Madrid a Galicia y al País Vasco, y proyectos que han de llevarse a cabo, como los corredores entre Valencia y Barcelona y el Barcelona-Zaragoza-Bilbao. El sector privado está deseoso de ese pastel. Pero los consumidores debemos vigilar si ello implica menores precios, mejores servicios y la seguridad adecuada para un transporte que circula a 300 kilómetros por hora.

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