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Nota de prensa

CONSUMO14/05/2003

ADICAE ANALIZA LOS PROGRAMAS ELECTORALES Y PRESENTA IMPORTANTES PROPUESTAS PARA LOS CONSUMIDORES

UN ABARATAMIENTO DE LA VIVIENDA, LA REGULACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y MAYOR REPRESENTATIVIDAD DE LOS CONSUMIDORES EN LA TOMA DE DECISIONES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS

En cualquier análisis de coyuntura económica uno de los factores cuyo comportamiento trata de predecirse con más insistencia es la demanda de consumo. De hecho, ante cualquier informe que estudie la evolución de la economía española desde distintos sectores no se duda en proclamar que “el consumo continúa fuerte”. Y es que el consumo final representa en nuestra economía, según datos que maneja el Gabinete de Estudios Técnicos de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), alrededor del 75% del total de la demanda y dentro de él, el consumo final de los hogares acapara en torno al 80%, lo que equivale a decir que en torno a un 60% de lo que produce en un año nuestra economía es absorbido por los hogares en forma de consumo. Es por ello que una correcta política en materia de consumo -y, por defecto, en información y regulación de los derechos y obligaciones de los consumidores- resulta vital para el ansiado crecimiento económico que producirá mayor riqueza y empleo, facilitará las iniciativas de inversión, y se retroalimentará, según la teoría económica, en una espiral de crecimiento.

ADICAE, en un reciente estudio de los distintos programas electorales, analiza y plantea algunas propuestas en pro de los intereses de los consumidores que, al fin y al cabo, somos todos. De éste se desprende un interés de los partidos políticos en avanzar en dicho aspecto que, aunque con el desarrollo de la campaña electoral se van abordando en sus distintos cauces, continúan siendo soluciones de escasa profundidad para los problemas más urgentes en materia de consumo. Así el ascenso de los precios, el encarecimiento de la vivienda y las dificultades para acceder a ella (especialmente influyente en el sector joven), el riesgo de sobreendeudamiento y las medidas para frenarlo, el papel de las Cajas de Ahorro y el creciente papel que los consumidores han de desarrollar en decisiones socioeconómicas como motor de la economía, son consideradas por ADICAE como aspectos inevitables a abarcar por los distintos programas electorales.

Respecto a la primera cuestión, ADICAE promueve la creación de una Plataforma Social en Defensa de Precios Justos que tuvo consecuencia la reunión a primeros de este año de un grupo de organizaciones sociales para alcanzar el objetivo del control responsable de precios. El estudio de ADICAE pone de manifiesto un problema fuertemente arraigado en nuestro país desde hace décadas de descontrol inflacionista que, últimamente, se ha visto influido por el redondeo, no ya de la introducción del euro, sino del alza encubierta de precios que ha escarbado escandalosamente en el bolsillo del consumidor ante un mercado como el español donde existen prácticas de monopolio encubiertas y que provoca que la fijación de precios se efectúe al margen de la oferta y la demanda. ADICAE, junto a un conglomerado de asociaciones de consumidores, organizaciones agrarias, sindicatos y asociaciones de vecinos pretende contribuir a encontrar una salida definitiva a las subidas de precios mediante la constitución de la Plataforma, movilizando a la sociedad, denunciando prácticas irregulares y corrigiendo, con el compromiso de los poderes públicos, comportamientos inflacionistas. Junto a ello una mayor información sobre los procesos de formación de precios, el fomento de las medidas administrativas y legales para el desarrollo de una competencia legal, un papel más activo de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para garantizar y vigilar la transparencia y la competencia, y acciones preventivas de sobreendeudamiento, son algunos de los medios propuestos por ADICAE para controlar los precios.

Las dificultades para el acceso a la primera vivienda corresponde la principal preocupación individual del consumidor, según estudios de ADICAE (de hecho la mitad de los asesoramientos en nuestros locales son de dicho asunto), ya que el montante de ingresos que supone para el comprador, el espacio temporal que abarca y la importancia vital para el desarrollo de nuevas unidades familiares pueden llegar a ahogar sus debilitadas economías. ADICAE denuncia el encarecimiento del precio de la misma en torno a un 15% anual (muy por encima del incremento de los salarios) pese al incremento de suelo urbanizable. Es por ello que ADICAE reclama un mayor compromiso de Ayuntamientos y Comunidades para agilizar los trámites urbanísticos y su capacidad de calificar el suelo liberando el terreno y no utilizándolo como una de sus más importantes fuentes de ingreso. Junto con ello, se descubre un interés de las entidades financieras en mantenerlo ya que con el descenso de los tipos de interés sus beneficios han disminuido, y el mantenimiento de hipotecas a muy largo plazo y su intervención en el mercado mobiliario les compensa con amplios rendimientos. Asimismo, los partidos políticos han de frenar el descenso que en España han sufrido las viviendas de protección oficial que ha pasado del 27% del volumen total en 1993 al 10% en 2001. ADICAE anima iniciativas que afronten dicha problemática y toma la palabra al compromiso que desde la alcaldía de Valencia se ha realizado de la creación de un Plan de Vivienda Joven, de una Oficina de Vivienda Joven para la atención personalizada a los menores de 35 años, la creación de una Bolsa de Vivienda de Alquiler con precios por debajo de la media y la creación de 2.300 viviendas protegidas destinadas a los jóvenes, aunque incide en que, debido a la experiencia diaria de ciudadanos que se dejan asesorar por ADICAE, hay que continuar avanzando y controlando los precios, la libertad efectiva de elegir hipoteca (actualmente los promotores coaccionan a los consumidores a subrogarse a la que tienen firmada para la construcción de las mismas) y la accesibilidad como gran preocupación de los consumidores.

Recientemente una serie de medidas hipotecarias plausibles han saltado a la palestra desde el Ministerio de Economía y que ya venida defendiendo ADICAE desde los diferentes ámbitos institucionales: limitar al 0,5% la comisión máxima de cancelación anticipada, reducción de hasta un 90% de costes de notario y registro para sustituir un tipo de interés variable a fijo, limitar la comisión por novación al 0,1 del capital pendiente, proporcionar información sobre los instrumentos de cobertura del riesgo del tipo de interés pudiendo dicho coste ser deducible en el IRPF, etc. Aún así, a pesar de los importantes avances que esto supone, queda pendiente el grave problema del sobreendeudamiento que continúa sin afrontarse directamente, ya que el elevado nivel de endeudamiento de las familias se puede ver seriamente perjudicado ante subidas de tipos, reducción de ingresos por desempleo, variables inesperadas en la unidad familiar (nacimiento de un nuevo hijo, enfermedad crónica, multas, etc), con lo que desde ADICAE se sigue luchando por la implantación de una Ley de Suspensión de Pagos Familiar, similar a otros países europeos, que permita reestructurar la deuda y no dejar a familias sin viviendas o en precariedad económica. ADICAE reconoce que existe una preocupación por el asunto (la Generalitat Valenciana subvencionó un estudio pionero de ADICAE el pasado año desde el ámbito jurídico-económico y, recientemente, eurodiputados socialistas se han dirigido a esta asociación para estudiar el desarrollo de propuestas en las instituciones europeas y han presentado un bloque de 78 medidas como contrapunto a las medidas del Gobierno) pero los planteamientos propuestos continúan lejos de las aspiraciones que esta asociación sigue esperando, máxime cuando desde las sedes en Comunidad Valenciana se está apreciando un aumento en los asesoramientos a familias que no pueden hacer frente a sus deudas y ven en el peligro de ejecución de la garantía hipotecaria una amenaza inminente que les obligue a quedarse sin vivienda propia.

Cajas de Ahorro

Ningún programa electoral hace referencia a las Cajas de Ahorros. Y resulta extraño tratándose de entidades con una vinculación tradicional a los ayuntamientos y a las Comunidad Autónoma, que representan nada menos que aproximadamente el 50% del sistema financiero en todas las Comunidades Autónomas, es decir más de la mitad del dinero y el ahorro de su población. De hecho, están sometidas prácticamente en su totalidad a la legislación autonómica y están dominadas por la representación de los respectivos Gobiernos regionales y de los principales ayuntamientos. En cualquier zona geográfica, las instituciones públicas al servicio de los ciudadanos tienen grandes necesidades, y por eso las Cajas de Ahorros, como entidades financieras sin ánimo de lucro, deben jugar un papel decisivo para facilitar la realización de proyectos socialmente necesarios y de amplia repercusión económica y territorial. Asimismo, debiera profundizarse en el talante democrático y ajustarse a los criterios establecidos por la Ley Electoral General, que impida el dominio de la misma por determinados grupos de interés.

Igualmente, ciertos casos que afectan a decenas de miles de consumidores (como las academias de inglés en el que están implicados más de 150.000 ciudadanos) se han dejado de lado en los programas, no aportando ninguna solución ante futuros casos similares y obligando a los afectados a acudir a la vía judicial en lugar de una extrajudicial, más rápida y justa.

Como asociación especializada en bancos, seguros y vivienda, ADICAE espuela a los partidos políticos a que impulsen, entre otras, medidas de información y transparencia al consumidor a la hora de la contratación de los nuevos depósitos bancarios (los depósitos estructurados) que mezclan seguros o plazos fijos con acciones o similares y que se escapan de los conocimientos básicos del ciudadano medio, de la información en las pólizas de seguro y la efectiva rapidez dentro del plazo legal a la indemnización por siniestros, a una mayor seguridad en las tarjetas de crédito y débito (puesta tan en duda con los repetitivos y frecuentes casos de estafa) y de las compras por internet, a una adecuada normativa en materia de créditos al consumo, una legislación que abarque el sobreendeudamiento y la suspensión de pagos familiar, a impulsar el papel social de las Cajas de Ahorro, al control de las condiciones pactadas con promotores y constructores de viviendas, y a una mayor regulación de las coacciones que sobre el adquirente ejercen éstos para subrogarse a las hipotecas que tienen contraídas para financiar la construcción de las mismas.


El papel que queremos para los consumidores

Nadie puede poner en duda que el consumo es el motor de la actividad económica y de la creación de empleo. De ahí que sea fundamental en cualquier política de toma de decisiones la participación del consumidor final, como uno de los elementos fundamentales de esta variable. La participación debe hacerse presente en varios niveles: desde las administraciones, ya sean locales o autonómicas; en la toma de decisiones normativas que directa o indirectamente les afecten y, finalmente, como interlocutores en los conflictos planteados, mediante mecanismos de resolución que cumplan las exigencias constitucionales de eficacia. Ello exige, y esta es nuestra propuesta, tanto reforzar sus atribuciones en las administraciones públicas, como potenciar el Asociacionismo, único vehículo adecuado de comunicación entre la esfera de toma de decisiones y la sociedad civil, y acudir a éstas ante cualquier problemática en materias que les vinculan. La potenciación del asociacionismo exige ante todo un control estricto por parte pública de agrupaciones que pretenden acceder a la consideración de Asociación de Consumidores para evitar que intereses particulares se entremezclen en la verdadera labor de éstas.

ADICAE espera y confía en la buena voluntad y quehacer de los partidos políticos para que, entre todos, se vaya progresando en los derechos e información a los consumidores para así lograr una satisfacción óptima del individuo en su consumo y en sus transacciones comerciales en el mercado.

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